lunes, 20 de abril de 2009

CONDE PUMPIDO - RUBALCABA.-

TIRAR LA PRIMERA PIEDRA… QUE POR POCO NO LE DA A GARZON.
Las negociaciones de Rodríguez Zapatero con ETA supusieron un duro golpe a las instituciones involucradas en la lucha antiterrorista, del que la sociedad – y la oposición debiera darse cuenta cuanto antes – no ha tomado todavía conciencia. Estas instituciones fueron utilizadas por el Gobierno del PSOE para amparar sus tratos con ETA, y el episodio de la denuncia de Conde Pumpido contra el Ministerio del Interior muestra hasta qué punto cuando se corrompe el funcionamiento de las instituciones, se las corrompe a ellas mismas, y el olor se mantiene con el tiempo; instrumentalizarlas no sale gratis. Y lo peor es que este episodio de descrédito no será ni el único ni el último, porque el asunto de la negociación con ETA – a su vez sólo uno de los escándalos que acosan al ministro Rubalcaba, junto con la manipulación de datos o el levantamiento en masa de los agentes del CNP y la Guardia Civil contra el ministro –, tiene consecuencias graves que aún habrá que valorar.
Una de las consecuencias se deriva de los "informes de verificación" de 2006. En la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 2007, se daba por probado que ETA no tenía ninguna intención de terminar con su acción criminal. Los representantes y sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han repetido hasta la saciedad que en opinión de los agentes, ETA no había detenido sus actividades. Y sin embargo, Rubalcaba afirmó en determinadas ocasiones que la tregua estaba "verificada", lo que utilizó Zapatero para continuar sus tejemanejes con la banda. ¿Verificada por quién? El esquema es el mismo que en el escándalo de ANV: la falsificación de los informes de los expertos en terrorismo para satisfacer las necesidades del Gobierno en sus tratos con ETA.
Y lo mismo pasaba con lo ahora denunciado por Conde Pumpido, la legalización de ANV. La Guardia Civil fue tan explícita y clara respecto a ETA como lo ha sido siempre, y el Fiscal General del Estado rehusó hacerle cualquier caso. Conde Pumpido denuncia ahora un comportamiento del que él mismo ha participado: si no se fiaba de la Policía Nacional, bien podía haberse fiado de la Guardia Civil, pero en vez de eso prefirió escudarse en la información de la primera para satisfacer al Gobierno y blanquear ANV con lo del "Guantánamo electoral". Si hubo un comportamiento denunciable, él mismo fue cómplice de él.
El caso del Bar Faisán es aún más grave, es propiamente un delito, y conlleva responsabilidades penales. En este caso, además, están involucrados los tres personajes; Garzón, Rubalcaba y Conde Pumpido. De éste aún esperamos una decidida actuación para descubrir quién llamó a quién poco antes de la operación contra el aparato de extorsión de ETA. De Rubalcaba esperamos poco, quizá su dimisión por un caso de corrupción y traición que le afecta muy de cerca. En el caso de Garzón, hay que preguntarse qué hace el juez investigando a miembros de la Administración americana mientras esconde en un cajón el expediente del caso Bar Faisán, que es por lo que los españoles le pagamos el sueldo. Cabe preguntarse si está más preocupado por perseguir a Bush y Aznar que a miembros y colaboradores de ETA.
El episodio de la negociación de Zapatero con ETA es bastante más grave que el derivado de sentarse a hablar con unos terroristas. Para negociar con la banda, el PSOE forzó al máximo las instituciones del Estado, empezando por el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. ¿Alguien pensaba que esto saldría gratis? Para cubrir el proceso de negociación y pacto con la banda, se manipuló, se adulteró, se ocultaron datos y se usó a la Fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad para apuntalar los pactos. Ello se hizo con los dos ministerios que constituyen la punta de lanza contra el terrorismo etarra, las que más necesitan transparencia, claridad y comportamiento ejemplar. Ahora observamos las consecuencias.
La responsabilidad directa recae en Rubalcaba, un ministro del Interior que, por la acumulación de escándalos y sospechas, nos remite directamente a la corrupción de la instituciones antiterroristas en la era de González. Al final, la historia se repite y con los mismos protagonistas. Rubalcaba no va a salir gratis a la lucha antiterrorista y ya vemos las consecuencias. Y además de la degeneración progresiva de su Ministerio – inmerso en la Cuarta Trama - la infección se extiende al otro. Llevado por luchas internas que a los ciudadanos les importan poco, Conde Pumpido carga contra la policía; pero olvida que él ha jugado al mismo juego y con igual entusiasmo que aquellos a los que denuncia. Ha cometido el mismo pecado, pese a que haya tirado la primera piedra.
GEES. Libertad Digital.
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