ALVAREZ VERSUS RODRIGUEZ.-

ALVAREZ MENDIZABAL EN LA BANCA.
En 1836 el entonces presidente del Consejo de Ministros con Isabel II, Juan Álvarez Mendizábal, puso en marcha un ambicioso proyecto de expropiación de los amplios latifundios improductivos de la Iglesia y de las órdenes religiosas con los objetivos de reducir la cuantiosa deuda del Estado y de crear una amplia clase de pequeños propietarios que dieran vida y riqueza a lo que hasta entonces habían sido tierras muertas.
En la explicación que, en febrero de ese año, dio a la Reina del decreto de la llamada desamortización, Mendizábal decía, entre otras cosas, que con la ambiciosa operación pretendía también “abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación, y apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio”. Es decir, lo que hoy llamaríamos un reforma estructural – de calado – de la economía.
Sin embargo, Mendizábal no consiguió sus objetivos porque no siempre los campesinos y los pequeños burgueses rurales pudieron acceder a la propiedad debido a que los precios resultaron excesivos para su poder económico y, en consecuencia, gran parte de las tierras fueron a parar a la oligarquía terrateniente. Al final, el malestar del campesinado terminó manifestándose en que, entre otras cosas, alimentó el carlismo. Es decir, la reacción ultramontana contra el liberalismo económico y de pensamiento con el que Mendizábal intentaba modernizar España.
A veces pienso que, de una u otra manera, y salvando las distancias de todo tipo, la Historia termina repitiéndose.
Con la intención de solucionar los graves problemas de financiación de las empresas y las familias, y mediante diferentes instrumentos legales, el Gobierno ha puesto a disposición de los bancos y las cajas de ahorros hasta 250.000 millones de euros. Con buen criterio, y mediante contraprestaciones, el Ejecutivo utiliza el sistema financiero, que presume de ser uno de los más eficaces de la Unión Europea y del mundo, para que circule el dinero y fluya hasta la actividad empresarial y el consumo de las familias con el objetivo final de reactivar la economía.
Sin embargo, no sólo las familias, sino lo que es más sorprendente, las empresas, están levantando la voz porque el dinero – público, al fin de al cabo – no llega. Resulta chocante, cuando no kafkiano, que los presidentes de CEOE y Cepyme, las dos organizaciones empresariales más grandes de España, pidan al Gobierno que asegure que las ayudas públicas lleguen “a la economía real”. Máxime, cuando dentro de su organización, en la puerta de al lado, tienen a la AEB, la patronal de la banca. Y no tan lejos está la CECA, la organización de las cajas de ahorros.
Pero, incluso, es más sorprendente que el presidente del Gobierno, el poder ejecutivo elegido democráticamente, manifieste su incapacidad ante lo que está pasando con los recursos públicos, diciendo que “va a estar vigilante” para que las entidades financieras cumplan con las contraprestaciones que pide el Ejecutivo a cambio de las ayudas. ¿Qué está haciendo el Banco de España para poner orden?
El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, suele decir en privado que la recesión puede tener como consecuencia una gravísima crisis social, porque nunca, en la reciente Historia de España, se había producido una destrucción de empleo tan violenta. Ni siquiera en la recesión de 1993. Fidalgo tiene razón. Máxime cuando las familias observan que el Gobierno y los propios empresarios respaldan sus protestas ante la actitud de los bancos y cajas de ahorros porque les encarecen el crédito o, simplemente, no se lo dan. Un contexto propicio para resucitar la protesta de los extremismos. Como reacción a Zapatero / Mendizábal, pero en esta ocasión hacia la izquierda.
Miguel Valverde. Enviado por Jaime García Pelayo y Gross.
DEFINICIÓN DE DESAMORTIZACIÓN.
La desamortización es un concepto jurídico por el que se define la transformación que el Estado hace de la propiedad fija (propiedad que no puede cambiar de titular) y estancada (reservada a ciertas personas o entidades como si fuese un monopolio) en propiedad libre y circulante. Por ella, los bienes inmuebles, censos y demás derechos reales de las manos muertas (poseedores de una propiedad, en quienes se perpetúa el dominio por no poder enajenarla) pasan a otras que las hagan circular. En definitiva, con la desamortización se pretende el dinamismo en la propiedad para una mejor gestión y un mayor provecho social. Con los procesos desamortizadores, además, se pretendía obtener dinero para paliar la deuda pública.