SE ACABA LA “MAMANCIA”.
Cuando un partido político ha ocupado durante 30 años el poder, necesariamente tiende a considerar que el Gobierno y la Administración Pública constituyen parte de su propiedad. Con el paso de los años, va tejiendo redes clientelares y asienta su forma de vida – su desarrollo y su relación con el resto de fuerzas políticas – en el uso partidista de los resortes de Estado. Lo hemos visto claramente en el caso de Cataluña: con toda la camada funcionarial afín a CiU que sustituyó a los anteriores cargos públicos; con las asociaciones satélites que surgieron fruto de la subvención; y con el recurso al 3%, según denunció Maragall en el Parlamento autonómico.
Cuando el Estado no es mínimo sino que abarca muchas facetas de la sociedad, el Gobierno tiende a pudrirse y a corromperse, motivo por el cual conviene regenerarlo ocasionalmente. Desde luego se trata de un remedio bastante pobre, ya que el nuevo partido de Gobierno tenderá a ocupar la posición del anterior subrogándose en sus redes clientelares y en sus abusos de poder – y aquí la Cataluña de Montilla constituye un caso paradigmático – pero al menos se interrumpirá la expansión de las ansias tiránicas del anterior partido.
En el caso del País Vasco, la confusión entre Gobierno y partido puede que haya alcanzado el nivel más exagerado de toda España. No en vano, el himno y la bandera del País Vasco provienen del himno y la bandera del PNV. Es difícil, por tanto, que en esta coyuntura no se produzca una patrimonialización del Estado típica del más puro caciquismo español.
Es en este contexto donde se enmarcan las disparatadas afirmaciones de los dirigentes del PNV y, en particular, de su presidente Iñigo Urkullu. Si la semana pasada tildaba de "golpe institucional" un pacto PSE-PP para desalojar al PNV del Ejecutivo vasco, ayer saltó a la palestra haciendo propuestas que denotan graves errores de lógica: proponer que PP y PSOE pacten también en España.
Al margen de que sería muy saludable que ambos partidos se pusieran de acuerdo en algunos asuntos básicos – entre los que podría destacarse la modificación de la Ley Electoral para evitar que los partidos nacionalistas estén sobre representados en el Congreso – lo cierto es que los partidos políticos bien pueden confeccionar sus estrategias políticas en cada territorio electoral sin necesidad de exportarla a los restantes. Sin ir muy lejos, el PSOE ha apoyado a UPN en Navarra y a nadie se lo ocurrió que, en coherencia, lo mismo debiera suceder en las Cortes. Si además escudriñásemos los acuerdos de gobernabilidad en los ayuntamientos, a buen seguro descubriríamos combinaciones totalmente rocambolescas que para nada presuponen una identidad de estrategia con la de la dirección nacional. El propio PNV es un claro ejemplo de ello. En Madrid ha servido de soporte para el Ejecutivo de Zapatero, sin que en Vitoria hubiese lanzado una oferta similar a Pachi López hasta ahora.
Y es que aunque la política haga extraños compañeros de cama, una coalición PP-PSOE debería ser ideológicamente tan incompatible como la coalición que ha venido gobernando el País Vasco durante los últimos años y que, según Urkullu, debería seguir haciéndolo. El PSOE, al menos en teoría, se define como un partido nacional, al igual que el PP. La diferencia entre ellos es que, de nuevo en teoría, el PSOE es de izquierdas y el PP de derechas. ¿Pero acaso el único nexo en común que tenían PNV y PCTV, Aralar, IU o EA no eran su nacionalismo antiespañol? ¿Acaso el PNV, que proviene de la derecha más conservadora y menos liberal, no pactó con partidos que incluso se calificaban de comunistas?
Lo que le preocupa a Urkullu no son los pactos "contra natura" que puedan formarse para gobernar el País Vasco, sino que no sea el propio PNV el protagonista de esos pactos. De hecho, a buen seguro que Ibarreche aceptaría con agrado el apoyo del PSE para presidir el País Vasco, pese a que ello supusiese pactar contra natura con los constitucionalistas.
Definitivamente, lo que teme el PNV es ser desalojado del poder. Y cuando tanto las urnas, como el tiempo como la actitud arrogante de sus dirigentes parecen recomendar vivamente esa opción, será que ha llegado la hora del cambio. Esperemos que el PSE no desaproveche esta oportunidad histórica para modificar no ya la forma de gobernar el País Vasco sino, sobre todo, el fondo.
L. D.
Cuando un partido político ha ocupado durante 30 años el poder, necesariamente tiende a considerar que el Gobierno y la Administración Pública constituyen parte de su propiedad. Con el paso de los años, va tejiendo redes clientelares y asienta su forma de vida – su desarrollo y su relación con el resto de fuerzas políticas – en el uso partidista de los resortes de Estado. Lo hemos visto claramente en el caso de Cataluña: con toda la camada funcionarial afín a CiU que sustituyó a los anteriores cargos públicos; con las asociaciones satélites que surgieron fruto de la subvención; y con el recurso al 3%, según denunció Maragall en el Parlamento autonómico.
Cuando el Estado no es mínimo sino que abarca muchas facetas de la sociedad, el Gobierno tiende a pudrirse y a corromperse, motivo por el cual conviene regenerarlo ocasionalmente. Desde luego se trata de un remedio bastante pobre, ya que el nuevo partido de Gobierno tenderá a ocupar la posición del anterior subrogándose en sus redes clientelares y en sus abusos de poder – y aquí la Cataluña de Montilla constituye un caso paradigmático – pero al menos se interrumpirá la expansión de las ansias tiránicas del anterior partido.
En el caso del País Vasco, la confusión entre Gobierno y partido puede que haya alcanzado el nivel más exagerado de toda España. No en vano, el himno y la bandera del País Vasco provienen del himno y la bandera del PNV. Es difícil, por tanto, que en esta coyuntura no se produzca una patrimonialización del Estado típica del más puro caciquismo español.
Es en este contexto donde se enmarcan las disparatadas afirmaciones de los dirigentes del PNV y, en particular, de su presidente Iñigo Urkullu. Si la semana pasada tildaba de "golpe institucional" un pacto PSE-PP para desalojar al PNV del Ejecutivo vasco, ayer saltó a la palestra haciendo propuestas que denotan graves errores de lógica: proponer que PP y PSOE pacten también en España.
Al margen de que sería muy saludable que ambos partidos se pusieran de acuerdo en algunos asuntos básicos – entre los que podría destacarse la modificación de la Ley Electoral para evitar que los partidos nacionalistas estén sobre representados en el Congreso – lo cierto es que los partidos políticos bien pueden confeccionar sus estrategias políticas en cada territorio electoral sin necesidad de exportarla a los restantes. Sin ir muy lejos, el PSOE ha apoyado a UPN en Navarra y a nadie se lo ocurrió que, en coherencia, lo mismo debiera suceder en las Cortes. Si además escudriñásemos los acuerdos de gobernabilidad en los ayuntamientos, a buen seguro descubriríamos combinaciones totalmente rocambolescas que para nada presuponen una identidad de estrategia con la de la dirección nacional. El propio PNV es un claro ejemplo de ello. En Madrid ha servido de soporte para el Ejecutivo de Zapatero, sin que en Vitoria hubiese lanzado una oferta similar a Pachi López hasta ahora.
Y es que aunque la política haga extraños compañeros de cama, una coalición PP-PSOE debería ser ideológicamente tan incompatible como la coalición que ha venido gobernando el País Vasco durante los últimos años y que, según Urkullu, debería seguir haciéndolo. El PSOE, al menos en teoría, se define como un partido nacional, al igual que el PP. La diferencia entre ellos es que, de nuevo en teoría, el PSOE es de izquierdas y el PP de derechas. ¿Pero acaso el único nexo en común que tenían PNV y PCTV, Aralar, IU o EA no eran su nacionalismo antiespañol? ¿Acaso el PNV, que proviene de la derecha más conservadora y menos liberal, no pactó con partidos que incluso se calificaban de comunistas?
Lo que le preocupa a Urkullu no son los pactos "contra natura" que puedan formarse para gobernar el País Vasco, sino que no sea el propio PNV el protagonista de esos pactos. De hecho, a buen seguro que Ibarreche aceptaría con agrado el apoyo del PSE para presidir el País Vasco, pese a que ello supusiese pactar contra natura con los constitucionalistas.
Definitivamente, lo que teme el PNV es ser desalojado del poder. Y cuando tanto las urnas, como el tiempo como la actitud arrogante de sus dirigentes parecen recomendar vivamente esa opción, será que ha llegado la hora del cambio. Esperemos que el PSE no desaproveche esta oportunidad histórica para modificar no ya la forma de gobernar el País Vasco sino, sobre todo, el fondo.
L. D.
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