CUNDE EL MAL EJEMPLO Y LA ORDINARIEZ.-

UNA VECINA DE BARCELONA LANZA UN ZAPATO A LA SECRETARIA DE VIVIENDA DE LA GENERALIDAD. SU BARRIO SE ESTÁ HUNDIENDO ... OTRO BARRIO...
Carmen Trilla, secretaria de Vivienda de la Generalidad, consiguió evitar un zapatazo similar al lanzado al presidente Bush por un periodista iraquí. Una vecina de Sallent (Barcelona) tiró un zapato, sin llegar a alcanzarla, como protesta por el hundimiento del barrio de la Estación. Según ha informado Cataluña Radio, la vecina imitó así el gesto del periodista iraquí Montazer al Zaidi, quien lanzó sus dos zapatos al presidente estadounidense George Bush, en protesta por la política de Estados Unidos en ese país el pasado 14 de diciembre.
En la asamblea se explicaba que un total de 43 familias del barrio de La Estación de Sallent (Barcelona) serán realojadas antes del próximo 1 de febrero en cumplimiento de la fase de alerta del plan de emergencia activado por Protección Civil en el barrio, donde las viviendas se han hundido, en el caso más extremo, 9 centímetros al año debido a que está construido sobre una antigua explotación minera.
La evacuación de las familias afectadas, integradas por unas cien personas, se hará de forma programada y pactada con una parte de los vecinos del barrio, que serán realojados en viviendas de alquiler de Sallent antes del 1 de febrero.
Los vecinos recibirán 1.600 euros por metro cuadrado de la vivienda que ahora ocupan y un piso de alquiler que pagará la Generalidad, pero pese a ello los vecinos están muy descontentos, tanto porque los movimientos de tierra, detectados por primera vez en 1997, son superiores a los habituales como porque la solución es sólo para 43 vecinos.
Además, los vecinos siempre han vivido como un agravio la celeridad con la que se afrontó la crisis del barrio del Carmelo, en Barcelona, y cómo su problema, siendo mucho más antiguo, sigue pendiente de solución.
El delegado de la Generalidad en las comarcas centrales, Jordi Fábrega, ha excusado la actitud de la vecina señalando que "desde una posición humana se entiende perfectamente".
L. D.
En un Estado Democrático y de Derecho, se ha de recurrir a los Organos Jurisdiccionales; naturalmente sobre la base de la absoluta independencia del Poder Judicial, con los suficientes medios humanos y materiales, como para otorgar a los ciudadanos unas sentencias tan justas como rápidas.
Desgraciadamente, nada de eso sucede en España. Hoy publica Diario Sur de Málaga, lo que sigue:
JUSTICIA DE PRIMERA, JUSTICIA DE SEGUNDA.
Los retrasos y la falta de especialización de los juzgados crean diferencias entre los ciudadanos según en qué zona de la provincia residan Estepona tarda cuatro años en resolver un caso civil.
No es lo mismo divorciarse en Ronda o en Antequera que en Málaga. De la misma manera, una demanda civil ordinaria no se resuelve con la misma agilidad en un juzgado de Estepona que en uno de la capital. Aunque sobre el papel la Justicia es igual para todos, en la práctica el funcionamiento de la maquinaria judicial establece diferencias entre los ciudadanos en función de su punto de residencia. La sobrecarga de trabajo de los juzgados y su falta de especialización en la provincia con respecto, sobre todo, a los de la capital son los principales responsables de esas distorsiones del sistema.
Las cifras son desalentadoras para cualquier ciudadano que tenga que afrontar un asunto en los tribunales, tanto que, incluso, puede hacer desistir a más de uno. Los juzgados de la provincia de Málaga tardan hasta cuatro años en resolver un proceso civil ordinario, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ello se debe fundamentalmente a la falta de órganos judiciales, principalmente en los partidos judiciales de la Costa del Sol, para dar respuesta al volumen de población que se asienta en ellos y al elevado índice de litigiosidad que presenta la zona. A la sobrecarga de trabajo que arrastran, se suma la falta de especialización y la no separación de jurisdicciones, por lo que muy a menudo el mismo juez que debe resolver sobre un robo o una estafa, debe decidir también sobre el impago de un préstamo y la custodia de los hijos en un proceso de separación matrimonial.
Los que viven en Estepona son los usuarios de la provincia de Málaga que lo tienen peor, ya que la situación de mayor demora judicial se presenta precisamente en este partido judicial, donde un proceso civil tarda una media de veintidós meses desde que es registrado en el juzgado hasta que obtiene sentencia. A ese tiempo hay que sumarle otros dos años y medio para ejecutar la resolución, que es cuando se considera terminado cualquier proceso judicial. Lo mismo ocurre con la tramitación de un divorcio. Además de no tener a su disposición un juzgado especializado en cuestiones de familia como sucede en la capital, los cónyuges que plantean su demanda en las oficinas judiciales de esta localidad deben esperar de cuatro a seis meses más para obtener la resolución.
«Si hablamos de lentitud en la respuesta judicial, sí podemos afirmar que existe Justicia de primera y de segunda clase en función de donde se presente el pleito», afirma el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, «Los jueces se toman el mismo interés, sea el asunto de Antequera, de Málaga, -añade Arroyo- , pero la carga de trabajo de los juzgados es muy distinta y eso hace que la respuesta sea más lenta en unos sitios que en otros. Lógicamente eso afecta a los ciudadanos», señala.
PASO FUGAZ.
Alicia Ruiz, jueza decana de Estepona, explica que en los cuatro juzgados de este partido judicial registran una media de 1.200 asuntos anuales, aunque en el que ella es titular alcanza ya los 1.400 procedimientos civiles. «Es un volumen de asuntos elevadísimo el que debemos de tramitar cada año y que nos sitúa un 70% por encima del módulo del CGP. Por más que queramos, no podemos dar una respuesta ágil al ciudadano. Hacen falta más juzgados», asegura Ruiz.
En Estepona, los funcionarios y los jueces tienen casi siempre un paso fugaz. Los primeros buscan destinos más tranquilos en otros juzgados y los segundos, casi siempre, lo abandonan por otros partidos judiciales cuando ascienden a la categoría de magistrado, donde, además, las plantillas que atienden las oficinas judiciales son más numerosas ya que pasan de siete empleados a tener diez.
Las demoras judiciales afectan también a los ciudadanos que residen en Marbella y Fuengirola, donde la media de espera para la resolución de los asuntos civiles está entre 33 y 31 meses. La primera localidad acumula en total 6.300 asuntos civiles pendientes y 4.600 penales, mientras que la segunda tiene 2.400 en la jurisdicción civil y 2.125 en la penal. Las dos ciudades cuentan con un juzgado específico que tramita los casos de violencia de género, pero ninguna de ellas tiene, por ejemplo, especialidad en cuestiones de familia.
«El caso de Marbella es particularmente especial por las consecuencias que en el trabajo cotidiano de sus juzgados han tenido los casos 'Malaya', 'Ballena Blanca' e 'Hidalgo'», asegura Arroyo Fiestas. Actualmente, tres de las cinco órganos judiciales de la localidad cuentan además de con el juez titular con uno de apoyo. «Es la única manera de poder sacar adelante todo el trabajo ordinario del día a día», añade.
Los ciudadanos que viven en la capital, aunque mejor que en la Costa del Sol Occidental, tampoco se encuentran con una situación como para echar las campanas al vuelo. Una demanda civil tarda catorce meses desde que entra en la oficina judicial hasta que recibe sentencia, pero ésta tarda otros quince más en ser ejecutada, en total 29 meses de espera.
La ventaja es que Málaga cuenta con tres juzgados especializados en asuntos de familia y equipos técnicos especiales (psicólogos, educadores, asistentes sociales) para abordar los problemas que se plantean, entre otros, con la custodia de los hijos en un proceso de separación. Los profesionales (abogados y jueces) coinciden en señalar que la falta de juzgados de familia en la provincia está originando «divorcios de primera y segunda clase». El magistrado José Luis Utrera apunta a la necesidad de implantar más órganos de este tipo en las zonas rurales para que los divorcios y las guardias y custodias «se efectúen en las mismas condiciones que en la capital, con magistrados y equipos psicosociales especializados en la materia que pueden asesorar y llegar al fondo de la cuestión».
Al igual que en el resto de los partidos judiciales de la provincia, Antequera tampoco tiene jueces de familia, pero a cambio puede presumir de que sus juzgados son unos de los más diligentes de Málaga. Allí, los procedimientos civiles tienen sentencia a los ocho meses, aunque, eso sí, tardan diez en ser ejecutados. Total dieciocho meses. Aun así, el tiempo medio de espera constituye casi tres veces menos que en Estepona.