EL PSOE LANZA UNA CONTRAOFENSIVA CONTRA LOS DENUNCIANTES DEL BUNKER ILEGAL "VILLA PSOE".Se la tenían jurada. CAFINES (Confederación Agrupación Financiera de Estafados), la asociación que levantó la denuncia contra Villa PSOE en la Isla de Arosa, el Bunker de Jose Blanco y otros dirigentes del PSOE (Ricardo Varela, conselleiro de Trabajo, Vazquez Conselleiro de Medio Ambiente, Zarrias responsable de organización del PSOE andaluz y sewgundo de Cháves, etc.), fiscales y jueces (Pérez Mariño, Carlos Varela, etc.), ha sido denunciada ante el juez (sus dirigentes José Carlos Piñeiro y Raimundo Piñeiro) por el alcalde del PSOE de la Isla de Arosa, José Manuel Vázquez y otros miembros y ex miembros de esta corporación.
Posteriormente, este alcalde ha autorizado levantar una piscina y otras instalaciones deportivas en Villa PSOE cuando, como ha denunciado el alcalde del del PP de Villanueva de Arosa (la Isla de Arosa antes de convertirse en ayuntamiento pertenecía a Villanueva de Arosa), a su ayuntamiento ni siquiera le permiten levantar unas gradas en el campo de fútbol de dicho ayuntamiento.
Este alcalde de Villanueva de Arosa, junto a Rueda secretario de PP gallego, denunció públicamente que la zona (un pinar que se utilizaba públicamente por las excursiones para merendar, por los jóvenes para hacer camping, etc.) donde se ha levantado Villa PSOE no era urbanizable, pues, entre otras cosas no tenía traída de aguas, pero el ayuntamiento de la Isla de Arosa presentó a la Xunta de Galicia unos documentos (según parece falsificados) que no coincidían con la realidad de dicho espacio.
Además, Villa PSOE se levanta a pocos metros del mar, de la playa cuando la Xunta de Touriño y Quintana aprobaron una ley que prohíbe edificar en la línea de 500 metros del mar, cuando la ley de costas lo impide y cuando la ley del deslinde de costas se ha endurecido mucho mas. Además Villa PSOE toma completamente las vistas a unas casas que llevaban edificadas bastantes años y en la Isla de Arosa el ayuntamiento no permite ni cambiar una piedra de lugar, hacer obras, etc. salvo, claro, esta que cuentes con el enchufe, etc. correspondiente.
Recordemos que el gobierno de la Xunta de Galicia de Touriño y Quintana han prohibido poner en marcha piscifactorías (que iban a generar empleos y mejorar la competitividad de este sector gallego y que es uno de los mas importantes del mundo en esta área económica) en zonas mucho peores que el maravilloso pinar situado al borde del mar, que se venía utilizando por la población (camping, zona de descanso, meriendas de excursiones) arrasado por Villa PSOE y para beneficiar a viejos y nuevos nomenkllaturistas, caciques (el constructor fue alcalde del PP de La Guardia y parlamentario autonómico de PP con Fraga).
EL CHOTA, EL PIJO, EL DURO, EL MADERO, EL PLUMILLA Y EL JUEZ.
En el arrastrado argot de las comisarías es el “chota”. En los ambientes carcelarios es el “soplón” y los periodistas, proclives al eufemismo, lo llamarían “fuente”. El “chota” en esta pringosa trama que va soltando en píldoras el diario El País y cuya cadencia controla el juez Garzón, es José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda.
Hay pocos sentimientos más movilizadores que el rencor y Pepe Peñas lo alimenta a toneladas. Aunque en el fondo, como casi siempre, lo que late es el “maldito parné”, porque Peñas nadaría en la abundancia y no andaría aperreado, si Narciso de Foxá y otros gerifaltes populares no hubieran puesto la proa en 2004 a un jugoso pelotazo urbanístico.
Con la connivencia de Guillermo Ortega, por aquel entonces alcalde de la localidad, y perfecta sintonía con su amigo Juan José Moreno, también concejal, sacaron a concurso dos solares municipales, a 1.300 euros el metro cuadrado, muy por debajo de lo que se pagaba por fincas similares en localidades vecinas.
Decía el insigne Don Ramón y Cajal hablando de España: “desgraciado es el país donde robar a todos se considera que nos es robar a nadie”.Siglo y medio después, esa frase sigue dolorosamente vigente, porque es con esa filosofía con la que muchos supuestos “servidores públicos” operan en los asuntos de urbanismo y en otras áreas donde se financia con dinero del contribuyente.
Para quien no esté muy al tanto de lo que se traían los citados más arriba, baste decir que el negocio consiste en valor por debajo el bien público, facilitar que se quede con él un amiguete y repartirse las ganancias o percibir, “en crudo y al contado”, una suculenta gratificación.
La jefa de Gabinete de Alcaldía era María del Carmen Rodríguez, esposa entonces de Francisco Correa, el pijo engominado cuya fotografía camino de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar ha salido en numerosas portadas.
FRANCISCO CORREA, EL PIJO.
El “pelotazo” de las parcelas infravaloradas por Pin y Pon en Majadahonda lo iba a pegar Correa, soltando 48 millones por lo que valía más de 90.
Casimiro Abadillo revela en El Mundo este lunes que Fernando Martín, presidente de Martinsa, le ha confesado que a él personalmente Correa le exigió 50 millones de euros de comisión por adjudicarle las parcelas de suelo público de Majadahonda que, a la postre, fueron la causa de la destitución del alcalde Guillermo (Willy) Ortega.
Lo que más llamaba la atención en la forma de comportarse de Francisco (Paco) Correa era que daba la impresión de que controlaba el cotarro. Es decir, hablaba con un constructor y le ofrecía la recalificación de un terreno como si fuera suyo.
Si éste le miraba con desconfianza, descolgaba el teléfono y llamaba al alcalde de la localidad donde se iba a perpetrar el atropello.
Tras unos minutos de charla, en la que Paco tuteaba al alcalde y le trataba como si fuera un subordinado, todo quedaba resuelto.
«Mira, es que yo controlo a los alcaldes del PP de Madrid, de Valencia y de Castilla y León», se jactaba, ante el asombro de su interlocutor.
Paco presumía de ser muy amigo de Aznar («fui testigo de la boda de su hija con Agag», era su recurrente coletilla) y, sobre todo, de Alvarez Cascos, sobre el que se atribuía predicamento incluso para las adjudicaciones de obras públicas en su época de ministro del ramo.
«Yo a Florentino Pérez le hice muchas putadas cuando Paco Cascos era ministro», presumía.
A pesar de sus fantasmadas, Correa manejaba mucho dinero («si quería conseguir algo de ti o eras de su círculo íntimo te invitaba a su yate», dice una de sus víctimas) y su capacidad para mover determinados hilos era auténtica.
LOS QUE SE DESMARCAN.
En aquella etapa, el municipio tenía tratos con el infausto pijo y adjudicó contratos a Special Events por valor de más de dos millones de euros.Se desmarcó de la jugada un sector del PP de Majadahonda, encabezado por Narciso de Foxá, lo que desató una bronca de espanto. El caso llegó a la dirección del partido, que sugirió a Ortega que dimitiera alegando razones de salud. Así fue. Luego lo recolocaron, inexplicablemente, en el Mercado Puerta de Toledo.
Su puesto lo ocupó Narciso, quien, avalado por un informe del secretario del Ayuntamiento, declaró desierto el concurso. Además, se produjo la salida del partido -y posterior expulsión- de Peñas y Moreno.
Pin y Pon siguieron como concejales independientes, pero cabreados como monos y dedicados ya a grabar a escondidas, con cámara y micrófono ocultos, todo tipo de reuniones y conversaciones. Fueron ellos quienes hicieron llegar a la Cadena Ser un vídeo en el que, durante una reunión municipal, se escucha decir a alguien del PP que la propia Esperanza Aguirre estaba al tanto de las tropelías urbanísticas.
El resto de los ediles populares, capitaneados por Narciso de Foxá, firmaron un documento en el que se culpaba a Pin y Pon, responsables de la Hacienda y el Urbanismo municipales en los últimos años, de haber causado a Majadahonda un agujero en las cuentas superior a los 30 millones de euros.
Peñas y Moreno, alentados por Correa, se fueron a los tribunales y pusieron demandas a troche y moche.
Ambos comparecieron en las elecciones de 2007 con un partido independiente denominado Corporación Majadahonda. Sacaron apenas un centenar de votos y eso que hicieron una campaña a lo grande, financiada –según cuentan en la localidad- por las empresas del pijo Correa: TCM, Downtown Consulting y Easy Concep.
En 2003, Special Events, la empresa madre de las compañías de Correa en Madrid, había dejado de firmar contratos con Majadahonda.
Correa había detectado ya que Mariano Rajoy y el nuevo equipo de Génova le ponían la proa. De lo que no se había dado cuenta, ni percibió hasta hace muy poco, es que Peñas grababa a escondidas todo lo que hablaba con él.
Tampoco, como les ha ocurrido a las tres docenas de personajes imputados por Garzón, de que los teléfonos móviles no son nada seguros. Basta conocer el número, contar con la tecnología adecuada, pulsar un botón y todo queda registrado.
JOSÉ LUIS PEÑAS, EL CHOTA.
Pin, forzado como Pon a buscarse un curro modesto –uno de ellos de bedel y el otro de algo parecido-, lo que debe ser muy duro cuando se ha disfrutado de poltrona como concejal y tirado a mansalva del erario público, no se fiaban ya de nadie y de forma sistemática, consciente y metódica, recopilaban material.Todo siguió así hasta mediados de 2008. Correa, enfadado también por las oportunidades de negocio que creía haber perdido en Majadahonda y empeñado en “retorcerle las pelotas para que soltase pasta” a Arturo González Panero, alias “Albondiguillas” y alcalde de Boadilla, alentaba a Peñas y le animaba a pelear en los tribunales.
Todo discurrió casi apaciblemente hasta que salió la sentencia y el juez absolvió a los miembros del PP y condenó a Pin y Pon a pagar las costas. Entre abogados propios y ajenos, procuradores y trámites, la broma ascendía a más de 100.000 euros.
Peñas acudió acongojado a Correa, dando por supuesto que este se haría cargo de la minuta. El Pijo, muy al estilo de los de su ralea, lo mandó a hacer gárgaras. Pin amenazó con tirar de la manta, subrayando que ya no tenía nada que perder.
Correa se hizo el longuis. Peñas realizó el amago de ir con todo a la Fiscalía Anticorrupción y hasta hizo escuchar a su antiguo mentor el fragmento de una conversación suya con uno de los fiscales.
El Pijo se llamó andana y furioso, viendo que el otro se desentendía después de haberle prometido hacerle millonario, se presentó en la Fiscalía. Fue el 17 de mayo de 2008 y además de firmar allí una explosiva denuncia, entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con Correa y algunos de sus compinches. Cantó como un loro y solicitó ser "testigo protegido", lo que le concedieron y le permitirá seguir largando y aminorar su penitencia.
EMILIO VALERIO, EL FISCAL.
Fue en ese instante cuando entró en juego el fiscal. Y no uno cualquiera, sino Emilio Valerio, socialista de corazón y látigo durante 15 años de alcaldes y constructores hostiles con el medio ambiente.
Ya en 2005 había pedido al juez que citase como imputado al ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, por adjudicaciones de derechos sobre el suelo en Majadahonda, y se tomo el caso a pecho animado por la posibilidad de empitonar de verdad al PP y en concreto al de la Comunidad de Madrid.
En el arrastrado argot de las comisarías es el “chota”. En los ambientes carcelarios es el “soplón” y los periodistas, proclives al eufemismo, lo llamarían “fuente”. El “chota” en esta pringosa trama que va soltando en píldoras el diario El País y cuya cadencia controla el juez Garzón, es José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda.
Hay pocos sentimientos más movilizadores que el rencor y Pepe Peñas lo alimenta a toneladas. Aunque en el fondo, como casi siempre, lo que late es el “maldito parné”, porque Peñas nadaría en la abundancia y no andaría aperreado, si Narciso de Foxá y otros gerifaltes populares no hubieran puesto la proa en 2004 a un jugoso pelotazo urbanístico.
Con la connivencia de Guillermo Ortega, por aquel entonces alcalde de la localidad, y perfecta sintonía con su amigo Juan José Moreno, también concejal, sacaron a concurso dos solares municipales, a 1.300 euros el metro cuadrado, muy por debajo de lo que se pagaba por fincas similares en localidades vecinas.
Decía el insigne Don Ramón y Cajal hablando de España: “desgraciado es el país donde robar a todos se considera que nos es robar a nadie”.Siglo y medio después, esa frase sigue dolorosamente vigente, porque es con esa filosofía con la que muchos supuestos “servidores públicos” operan en los asuntos de urbanismo y en otras áreas donde se financia con dinero del contribuyente.
Para quien no esté muy al tanto de lo que se traían los citados más arriba, baste decir que el negocio consiste en valor por debajo el bien público, facilitar que se quede con él un amiguete y repartirse las ganancias o percibir, “en crudo y al contado”, una suculenta gratificación.
La jefa de Gabinete de Alcaldía era María del Carmen Rodríguez, esposa entonces de Francisco Correa, el pijo engominado cuya fotografía camino de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar ha salido en numerosas portadas.
FRANCISCO CORREA, EL PIJO.
El “pelotazo” de las parcelas infravaloradas por Pin y Pon en Majadahonda lo iba a pegar Correa, soltando 48 millones por lo que valía más de 90.
Casimiro Abadillo revela en El Mundo este lunes que Fernando Martín, presidente de Martinsa, le ha confesado que a él personalmente Correa le exigió 50 millones de euros de comisión por adjudicarle las parcelas de suelo público de Majadahonda que, a la postre, fueron la causa de la destitución del alcalde Guillermo (Willy) Ortega.
Lo que más llamaba la atención en la forma de comportarse de Francisco (Paco) Correa era que daba la impresión de que controlaba el cotarro. Es decir, hablaba con un constructor y le ofrecía la recalificación de un terreno como si fuera suyo.
Si éste le miraba con desconfianza, descolgaba el teléfono y llamaba al alcalde de la localidad donde se iba a perpetrar el atropello.
Tras unos minutos de charla, en la que Paco tuteaba al alcalde y le trataba como si fuera un subordinado, todo quedaba resuelto.
«Mira, es que yo controlo a los alcaldes del PP de Madrid, de Valencia y de Castilla y León», se jactaba, ante el asombro de su interlocutor.
Paco presumía de ser muy amigo de Aznar («fui testigo de la boda de su hija con Agag», era su recurrente coletilla) y, sobre todo, de Alvarez Cascos, sobre el que se atribuía predicamento incluso para las adjudicaciones de obras públicas en su época de ministro del ramo.
«Yo a Florentino Pérez le hice muchas putadas cuando Paco Cascos era ministro», presumía.
A pesar de sus fantasmadas, Correa manejaba mucho dinero («si quería conseguir algo de ti o eras de su círculo íntimo te invitaba a su yate», dice una de sus víctimas) y su capacidad para mover determinados hilos era auténtica.
LOS QUE SE DESMARCAN.
En aquella etapa, el municipio tenía tratos con el infausto pijo y adjudicó contratos a Special Events por valor de más de dos millones de euros.Se desmarcó de la jugada un sector del PP de Majadahonda, encabezado por Narciso de Foxá, lo que desató una bronca de espanto. El caso llegó a la dirección del partido, que sugirió a Ortega que dimitiera alegando razones de salud. Así fue. Luego lo recolocaron, inexplicablemente, en el Mercado Puerta de Toledo.
Su puesto lo ocupó Narciso, quien, avalado por un informe del secretario del Ayuntamiento, declaró desierto el concurso. Además, se produjo la salida del partido -y posterior expulsión- de Peñas y Moreno.
Pin y Pon siguieron como concejales independientes, pero cabreados como monos y dedicados ya a grabar a escondidas, con cámara y micrófono ocultos, todo tipo de reuniones y conversaciones. Fueron ellos quienes hicieron llegar a la Cadena Ser un vídeo en el que, durante una reunión municipal, se escucha decir a alguien del PP que la propia Esperanza Aguirre estaba al tanto de las tropelías urbanísticas.
El resto de los ediles populares, capitaneados por Narciso de Foxá, firmaron un documento en el que se culpaba a Pin y Pon, responsables de la Hacienda y el Urbanismo municipales en los últimos años, de haber causado a Majadahonda un agujero en las cuentas superior a los 30 millones de euros.
Peñas y Moreno, alentados por Correa, se fueron a los tribunales y pusieron demandas a troche y moche.
Ambos comparecieron en las elecciones de 2007 con un partido independiente denominado Corporación Majadahonda. Sacaron apenas un centenar de votos y eso que hicieron una campaña a lo grande, financiada –según cuentan en la localidad- por las empresas del pijo Correa: TCM, Downtown Consulting y Easy Concep.
En 2003, Special Events, la empresa madre de las compañías de Correa en Madrid, había dejado de firmar contratos con Majadahonda.
Correa había detectado ya que Mariano Rajoy y el nuevo equipo de Génova le ponían la proa. De lo que no se había dado cuenta, ni percibió hasta hace muy poco, es que Peñas grababa a escondidas todo lo que hablaba con él.
Tampoco, como les ha ocurrido a las tres docenas de personajes imputados por Garzón, de que los teléfonos móviles no son nada seguros. Basta conocer el número, contar con la tecnología adecuada, pulsar un botón y todo queda registrado.
JOSÉ LUIS PEÑAS, EL CHOTA.
Pin, forzado como Pon a buscarse un curro modesto –uno de ellos de bedel y el otro de algo parecido-, lo que debe ser muy duro cuando se ha disfrutado de poltrona como concejal y tirado a mansalva del erario público, no se fiaban ya de nadie y de forma sistemática, consciente y metódica, recopilaban material.Todo siguió así hasta mediados de 2008. Correa, enfadado también por las oportunidades de negocio que creía haber perdido en Majadahonda y empeñado en “retorcerle las pelotas para que soltase pasta” a Arturo González Panero, alias “Albondiguillas” y alcalde de Boadilla, alentaba a Peñas y le animaba a pelear en los tribunales.
Todo discurrió casi apaciblemente hasta que salió la sentencia y el juez absolvió a los miembros del PP y condenó a Pin y Pon a pagar las costas. Entre abogados propios y ajenos, procuradores y trámites, la broma ascendía a más de 100.000 euros.
Peñas acudió acongojado a Correa, dando por supuesto que este se haría cargo de la minuta. El Pijo, muy al estilo de los de su ralea, lo mandó a hacer gárgaras. Pin amenazó con tirar de la manta, subrayando que ya no tenía nada que perder.
Correa se hizo el longuis. Peñas realizó el amago de ir con todo a la Fiscalía Anticorrupción y hasta hizo escuchar a su antiguo mentor el fragmento de una conversación suya con uno de los fiscales.
El Pijo se llamó andana y furioso, viendo que el otro se desentendía después de haberle prometido hacerle millonario, se presentó en la Fiscalía. Fue el 17 de mayo de 2008 y además de firmar allí una explosiva denuncia, entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con Correa y algunos de sus compinches. Cantó como un loro y solicitó ser "testigo protegido", lo que le concedieron y le permitirá seguir largando y aminorar su penitencia.
EMILIO VALERIO, EL FISCAL.
Fue en ese instante cuando entró en juego el fiscal. Y no uno cualquiera, sino Emilio Valerio, socialista de corazón y látigo durante 15 años de alcaldes y constructores hostiles con el medio ambiente.
Ya en 2005 había pedido al juez que citase como imputado al ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, por adjudicaciones de derechos sobre el suelo en Majadahonda, y se tomo el caso a pecho animado por la posibilidad de empitonar de verdad al PP y en concreto al de la Comunidad de Madrid.
¿ES RAMÓN BLANCO BALÍN EL VERDADERO CEREBRO EN LA RED DEL "CLAN DE LOS PIJOS"?
Los que le conocen dicen que siempre le ha gustado "chapotear". Ramón Blanco Balín coincidió con José María Aznar en el escalafón de los inspectores de finanzas del Estado. Durante el aznarismo llegó a ocupar una vicepresidencia en la mayor petrolera española e hizo pingües negocios con YPF en Argentina. Después, tras sonar su nombre como sustituto del ex ministro Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y no conseguir el cargo, comenzó a ejercer como directivo clave en el entramado de empresas del engominado Paco Correa.
Afirma la revista Interviú, que tiene alguna cuenta pendiente con Ramón Blanco desde que se fue al traste la operación de venta del Grupo Zeta al metalúgico Gallardo, que el inspector de hacienda leonés es una pieza clave en el entramado de lo que se conoce como el "Clan de los Pijos".
Sólo un mes antes de las detenciones, el nombre de Blanco salió, curiosamente, de los consejos de administración de las firmas vinculadas a Correa (Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani) y fue sustituido en los registros por el de Pablo Crespo Sabarís, ex secretario de organización del PP gallego y hoy imputado.
Algo hace suponer que fue alertado y que el aviso procedía no de alguien del entorno de Correa, sino de personajes de la órbita socialista. Siendo de León, como son varios de los asesores que tiene Zapatero en La Moncloa, no sería raro que contase con algún buen amigo o socio en Presidencia.
Según los datos registrales a los que ha tenido acceso Europa Press, Blanco Balín es administrador, socio o apoderado de más de 40 empresas. En el registro mercantil aún figura como socio en grandes empresas como Repsol YPF, Barclays Bank, Ercros, NH Hoteles, Coto Minero Cantábrico o Rústicas MBS.
EN TODAS LAS SALSAS.
Son varias las operaciones ahora investigadas que llevan la firma de Blanco Balín. La que está examinando con lupa el juez Garzón es la concesión por diez años de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla del Monte.
La operación arranca con la construcción de una treintena de locales comerciales y un aparcamiento subterráneo en la Avenida Siglo XXI de Boadilla, de los que dos se cederían para la futura OAC.
El usufructo de las parcelas por 75 años se concedió a la mercantil Rústicas MBS, la construcción de los locales corrió a cargo de Teconsa y la adjudicación de la gestión de la OAC por 506.000 euros anuales fue para Easy Concept, una de las firmas matrices de la red de Correa.
Aparentemente tres empresas independientes, pero el administrador de Rústicas era José Ramón Blanco, el mismo que figuraría como apoderado de Teconsa, y el mismo José Ramón Blanco que administraba Easy Concept a través de una interpuesta, Hator Consulting. La misma persona logró la promoción, construcción y explotación de este negocio.
Este leonés de 56 años, hijo de empresario minero, natural de Bembibre y ex alumno de los Jesuitas, es licenciado en Ciencias Económicas, auditor de cuentas e inspector de finanzas de Estado.
A finales de los 70 trabó amistad con un joven llamado José María Aznar, inspector de Hacienda como él, e incluso llegaron a escribir juntos un libro de texto en 1977 para el Centro de Estudios Financieros.
Tras la victoria electoral de Aznar en 1996, Blanco entró en la Repsol privatizada junto a Alfonso Cortina. Su nombre ha estado ligado a los consejos de administración de firmas de la envergadura de Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH o Ercros.
En los últimos años ha descendido el caché de las empresas para las que trabaja, no así el número, unas cuarenta. Pese a las acusaciones que recaen sobre él, Blanco también tiene una cara solidaria como secretario de la ONG Ol Jogi, de “apoyo y fomento de actividades humanitarias”.
El presidente es Alberto Cortina. Blanco comparte patronato con los hijos del matrimonio Cortina-Koplowitz.
FONDOS EN LIECHTENSTEIN... COMO LA SEXTA.
Los que le conocen dicen que siempre le ha gustado "chapotear". Ramón Blanco Balín coincidió con José María Aznar en el escalafón de los inspectores de finanzas del Estado. Durante el aznarismo llegó a ocupar una vicepresidencia en la mayor petrolera española e hizo pingües negocios con YPF en Argentina. Después, tras sonar su nombre como sustituto del ex ministro Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y no conseguir el cargo, comenzó a ejercer como directivo clave en el entramado de empresas del engominado Paco Correa.
Afirma la revista Interviú, que tiene alguna cuenta pendiente con Ramón Blanco desde que se fue al traste la operación de venta del Grupo Zeta al metalúgico Gallardo, que el inspector de hacienda leonés es una pieza clave en el entramado de lo que se conoce como el "Clan de los Pijos".
Sólo un mes antes de las detenciones, el nombre de Blanco salió, curiosamente, de los consejos de administración de las firmas vinculadas a Correa (Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani) y fue sustituido en los registros por el de Pablo Crespo Sabarís, ex secretario de organización del PP gallego y hoy imputado.
Algo hace suponer que fue alertado y que el aviso procedía no de alguien del entorno de Correa, sino de personajes de la órbita socialista. Siendo de León, como son varios de los asesores que tiene Zapatero en La Moncloa, no sería raro que contase con algún buen amigo o socio en Presidencia.
Según los datos registrales a los que ha tenido acceso Europa Press, Blanco Balín es administrador, socio o apoderado de más de 40 empresas. En el registro mercantil aún figura como socio en grandes empresas como Repsol YPF, Barclays Bank, Ercros, NH Hoteles, Coto Minero Cantábrico o Rústicas MBS.
EN TODAS LAS SALSAS.
Son varias las operaciones ahora investigadas que llevan la firma de Blanco Balín. La que está examinando con lupa el juez Garzón es la concesión por diez años de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla del Monte.
La operación arranca con la construcción de una treintena de locales comerciales y un aparcamiento subterráneo en la Avenida Siglo XXI de Boadilla, de los que dos se cederían para la futura OAC.
El usufructo de las parcelas por 75 años se concedió a la mercantil Rústicas MBS, la construcción de los locales corrió a cargo de Teconsa y la adjudicación de la gestión de la OAC por 506.000 euros anuales fue para Easy Concept, una de las firmas matrices de la red de Correa.
Aparentemente tres empresas independientes, pero el administrador de Rústicas era José Ramón Blanco, el mismo que figuraría como apoderado de Teconsa, y el mismo José Ramón Blanco que administraba Easy Concept a través de una interpuesta, Hator Consulting. La misma persona logró la promoción, construcción y explotación de este negocio.
Este leonés de 56 años, hijo de empresario minero, natural de Bembibre y ex alumno de los Jesuitas, es licenciado en Ciencias Económicas, auditor de cuentas e inspector de finanzas de Estado.
A finales de los 70 trabó amistad con un joven llamado José María Aznar, inspector de Hacienda como él, e incluso llegaron a escribir juntos un libro de texto en 1977 para el Centro de Estudios Financieros.
Tras la victoria electoral de Aznar en 1996, Blanco entró en la Repsol privatizada junto a Alfonso Cortina. Su nombre ha estado ligado a los consejos de administración de firmas de la envergadura de Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH o Ercros.
En los últimos años ha descendido el caché de las empresas para las que trabaja, no así el número, unas cuarenta. Pese a las acusaciones que recaen sobre él, Blanco también tiene una cara solidaria como secretario de la ONG Ol Jogi, de “apoyo y fomento de actividades humanitarias”.
El presidente es Alberto Cortina. Blanco comparte patronato con los hijos del matrimonio Cortina-Koplowitz.
FONDOS EN LIECHTENSTEIN... COMO LA SEXTA.
La Audiencia Nacional investiga a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la procedencia de los fondos en Liechtenstein de 67 españoles, acusados de defraudar 170 millones. Entre los acusados están, como publicó Interviú el 1 de diciembre pasado, el cantante Alejandro Sanz, directivos de empresas de comunicación y hasta filántropos promotores de ONG.
Los informes de la Fiscalía llevan dos únicos nombres como “colaboradores de algunos de esos inversores en la repatriación de capitales desde estructuras fiduciarias ‘off-shore’ o en la administración de tales capitales”.
Los señalados por el fiscal son Andrés Guillamot Bernardo y José Ramón Blanco Balín. Ambos comparten oficinas. Además del empresario, los informes recogen el nombre de su empresa: R. Blanco Asesores Fiscales SL.
De hecho, las oficinas de Blanco en el Edificio Britania, en la madrileña calle Guzmán el Bueno, fueron registradas el 15 de julio del pasado año en el transcurso de una operación del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional.
Los funcionarios que entraron en los despachos se centraron en el volcado de datos de los ordenadores de Blanco y su socio.
A mitad de mañana, los agentes solicitaron a Blanco Balín toda la documentación referente a varias sociedades, que el empresario aseguró desconocer. El registro, que se describe en 52 páginas del sumario del caso, se prolongó todo el día.
En el despacho de Blanco los agentes no hallaron dinero. Según el auto de entrada y registro firmado por el juez Santiago Pedraz el 14 de julio de 2008, “los motivos alegados en la solicitud permiten inferir que A Guillamot Asesores y R Blanco Asesores Fiscales habrían participado de forma activa en la constitución y gestión de entidades en Liechtenstein, dedicadas a la ocultación y gestión de fondos hasta que el inversor decida disponer de ellos o repatriarlos, lo que sería constitutivo no solo de defraudación a la Hacienda Pública sino también blanqueo de capitales”.
Los informes de la Fiscalía llevan dos únicos nombres como “colaboradores de algunos de esos inversores en la repatriación de capitales desde estructuras fiduciarias ‘off-shore’ o en la administración de tales capitales”.
Los señalados por el fiscal son Andrés Guillamot Bernardo y José Ramón Blanco Balín. Ambos comparten oficinas. Además del empresario, los informes recogen el nombre de su empresa: R. Blanco Asesores Fiscales SL.
De hecho, las oficinas de Blanco en el Edificio Britania, en la madrileña calle Guzmán el Bueno, fueron registradas el 15 de julio del pasado año en el transcurso de una operación del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional.
Los funcionarios que entraron en los despachos se centraron en el volcado de datos de los ordenadores de Blanco y su socio.
A mitad de mañana, los agentes solicitaron a Blanco Balín toda la documentación referente a varias sociedades, que el empresario aseguró desconocer. El registro, que se describe en 52 páginas del sumario del caso, se prolongó todo el día.
En el despacho de Blanco los agentes no hallaron dinero. Según el auto de entrada y registro firmado por el juez Santiago Pedraz el 14 de julio de 2008, “los motivos alegados en la solicitud permiten inferir que A Guillamot Asesores y R Blanco Asesores Fiscales habrían participado de forma activa en la constitución y gestión de entidades en Liechtenstein, dedicadas a la ocultación y gestión de fondos hasta que el inversor decida disponer de ellos o repatriarlos, lo que sería constitutivo no solo de defraudación a la Hacienda Pública sino también blanqueo de capitales”.
La primera mitad del vídeo que sigue, es aceptable. El resto, es otra cosa.
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