EL SARGENTO VENANCIO MICO.-

LA DICTADURA SANGRIENTA.
La celebración el próximo domingo de la independencia de Guinea Ecuatorial puede muy bien calificarse de celebración de la nada. No creo utilizar una metáfora si califico a ese pequeño país de "aborto" sin ánimo alguno ofensivo: Guinea pasó directamente de un suave limbo autonómico a la férrea dictadura de un iluminado paranoico, Francisco Macías Nguema. No bien asumida la presidencia, el 12 de octubre de 1968, Macías inicia una serie de acciones rocambolescas que pronto dan paso a una frenética y desenfrenada carrera a ninguna parte destruyendo rápida y sistemáticamente la riqueza del diminuto y hasta entonces bien organizado, país. La expulsión de 60.000 braceros nigerianos consigue acabar prácticamente con la floreciente producción cacaotera: de 65.000 Tm. de cacao en 1968 se pasa a las apenas tres mil en 1979, año del golpe de Estado. La producción de madera tras la expulsión o huida de los 70.000 europeos, españoles en su inmensa mayoría, hace caer la producción de madera en rollo de 300.000 Tm. a menos de 20.000. No es extraño que poco después de la independencia, gaboneses y cameruneses, sus vecinos, comiencen a referirse a Guinea como "le non pays". Destruye Macías el telégrafo que unía Bata con todas las capitales regionales tras proclamar en uno de sus largos e histéricos discursos: "por esos hilos circula el alma de los blancos". Prohíbe la importación de alimentos ("el pan es el pienso de los españoles; indigno alimento para un africano") Aunque él sí comía pan de buen trigo y manjares importados.
Ordena el cierre de las fronteras y la destrucción de los cayucos para evitar la desbandada. Inútiles medidas; los guineanos "votan con los pies" escapándose por el bosque de modo que al final de su mandato la población quedaría reducida a un tercio. Su paranoia induce a Macías a multiplicar los asesinatos (todos los políticos que concurrieron a las elecciones con él habían sido asesinados o se habían "suicidado" en prisión) y a escapar cada vez más lejos: de la capital Malabo, pasó a instalarse en Bata, la capital del continente; allí no se sentía seguro y huyó, de noche y a toda prisa a Mongomo, cuna del clan familiar, pero aún allí temía por su vida y acabó refugiándose en Nsegayon, su aldea natal, en cuyos bosques sería acosado como un perro por los hombres de su sucesor y sobrino Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El "golpe de libertad" del 3 de agosto de 1979 entrega a Obiang un país esquilmado, aterrorizado, en que escuelas e iglesias habían cerrado tiempo atrás y la economía no era otra cosa que mera subsistencia .
LA DICTADURA TONTA.
Con ese título publicó "El País" un largo artículo en 1992.
Obiang no es sanguinario. Carece de escrúpulos, es cínico y astuto. Durante su largo y despótico mandato ha matado poco, pegado bastante y robado todo lo que ha podido. Crea el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial por presiones internacionales e impide por todos los medios el funcionamiento de cualquier oposición. Severo Moto se exilia y enloquece. Plácido Micó entra y sale de la cárcel, donde es salvajemente torturado en varias ocasiones. Amancio Nsé, apaleado también debidamente hace lo que puede, que es prácticamente nada. Llega el petróleo a Guinea y sus réditos son, como toda la riqueza del país, arrebatados por el "clan de Mongomo". No se crean infraestructuras, ni se mejoran las vías de comunicación, ni se establece nada que tenga siquiera un pálido remedo de Estado de Derecho.
LA ACTUACIÓN DE ESPAÑA.
España podría equipararse en su actuación en Guinea con los representantes palestinos, de quienes se ha escrito que "no perdieron oportunidad alguna de perder oportunidades". Ya la descolonización fue sorprendente. En 1968, en plena dictadura franquista, pugnando Exteriores y Presidencia de Gobierno, este último organismo exige que se celebren "unas elecciones absolutamente limpias que no dejen duda alguna a los observadores internacionales". Se celebran, efectivamente las limpísimas elecciones que dan el poder al semianalfabeto alcalde de Mongomo, suboficial del ejército, Francisco Macías.
Tras los primeros atropellos la única reacción del Gobierno español es declarar "materia reservada" toda información sobre Guinea. La medida, dictada con validez de un año, se renueva rutinariamente cada fin de año hasta el de gracia de 1979 en que se permite el viaje a un nutrido grupo de periodistas españoles, todos ellos reporteros con experiencia; en el grupo están Arturo Pérez Reverte, Manu Leguineche... Este último, el más avispado, al comprobar que hay poco que rascar desde el punto de vista informativo, escribe un libro que fue muy celebrado: "La tribu" en el que, dentro del mosaico guineano de tribus (fang ntumu, fang ocac, ndowe, bubis...) descubre una muy interesante: el grupo de reporteros del que forma parte, cuyas actitudes en el trópico describe con gracia y buen hacer. Desde entonces acá poco se ha hecho excepto derramar abundantes sumas de dinero, financiar varios planes de desarrollo, insistir periódicamente en que, con la visita de tal o cual alto preboste "se iniciaba un nuevo período de relaciones entre España y Guinea Ecuatorial".
Probablemente el episodio más tragicómico de este período sea la aventura del sargento Micó que, tras refugiarse en la Embajada de España después de ser acusado de intento de golpe de Estado, obliga al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, a desplazarse a Malabo en un "mystére" previa rueda de prensa en la que aseguró: "Esto es el colmo; voy a traerme conmigo a Micó". No se lo llevó consigo, claro; dejó que lo devolvieran a la siniestra prisión de Black Beach en donde fue debida y sistemáticamente apaleado mientras Morán declaraba a la vuelta a Madrid: "Conseguimos salvar la vida del sargento Micó". Lo que no salvó, claro está, fue la cara.
INCISO: ASI LO CONTO EL PAIS.
El presidente del Gobierno español, Felipe González, mantuvo el pasado sábado por la mañana una larga entrevista telefónica con el presidente Obiang, cuyo contenido se desconoce. El navío de transporte de tropas Aragón, con una compañía de infantes de Marina a bordo, se encuentra actualmente en Las Palmas. Se estima que, de complicarse la situación en la ex colonia española, el barco podría recibir órdenes de dirigirse a Guinea a fin de evacuar a los más de 300 residentes españoles en aquel país. El barco zarpó el sábado de Cádiz. El cuartel general de la Armada salió ayer al paso de los rumores que conectaban la arribada del buque a aguas canarias con la situación en Guinea Ecuatorial, asegurando que el Aragón se encontraba ya allí para realizar maniobras. También están en aguas del archipiélago la fragata Asturias y el petrolero Teide.
El Aragón fue entregado a la Armada española en julio de 1980 por la Marina norteamericana, en la que figuraba con el nombre de USS Francis Marion. El buque desplaza 10.709 toneladas, cuenta con una tripulación de 414 marineros y oficiales y puede transportar 1.657 infantes de marina. Está equipado con ocho cañones.
Venancio Miko, de 33 años de edad, que permanece en la representación española desde el pasa do día 13 ha solicitado asilo político. Con anterioridad, el sargento Miko buscó en vano refugio en la Embajada de Francia. En círculos allegados a la diplomacia española se negó ayer que España haya tenido alguna participación en las conspiraciones de palacio, pero no se tenía la certeza de que la situación esté completamente bajo el control del presidente Teodoro Obiang. En cualquier caso, la fuga y posterior refugio en la embajada del sargento Miko no están suficientemente aclaradas.
La presencia de un conspirador en la sede de la representación diplomática española suscitó enorme tensión en torno a la embajada. Las autoridades de Guinea Ecuatorial pidieron que les fuese entregado inmediatamente el sargento rebelde, porque no reconocían el derecho de asilo que le otorgaba la misión española.
FIN DEL INCISO.
La penúltima de las mamarrachadas fue el viaje de Estado de Felipe González en el otoño de 1991 para "iniciar la transición de Guinea a la democracia". No se inició nada, claro está, a pesar de la pamema montada en la que Adolfo Suárez se desplazó a Guinea tras el viaje de González, como "experto en transiciones", y España siguió soltando dinero y suaves amenazas que hacían exclamar a un veterano diplomático en una reunión: "Mientras sigamos diciéndoles a los guineanos que o cumplen sus compromisos... o nos aguantamos...". Y así seguimos, y así seguirá el régimen de Obiang que, tras haber pedido a raíz del golpe de Estado ayuda militar, y habérsela negado Suárez (por la negativa rotunda de Felipe González), perdió la confianza y el respeto a España que ya no va a recobrar nunca. Y es que España en África colonizó razonablemente bien y descolonizó rematadamente mal. En el Sáhara montó una gigantesca planta de exportación de fosfato, Bu-Craa, y la población está prácticamente en su totalidad en los campos de refugiados de Argelia, en Tinduf.
En Guinea se mimó literalmente el país. El hospital de Bata fue en su época el segundo de África, siendo el primero el de Ciudad del Cabo. Se pretendió, y en gran medida se logró, una colonización ejemplar. La renta de la colonia era superior a la de la metrópoli, se había controlado razonablemente el paludismo en las zonas urbanas y se había hecho casi desaparecer la tripanosiomasis... hasta llegar a lo que se llegó. El resto de las preguntas se contestan con dos frases: El petróleo nada tiene que ver con la miseria de Guinea, sino la conjunción criminal del Clan de Mongomo y la tolerancia internacional. La democracia, con Obiang y sus gentes es una mera palabra cuatrisílaba sin sentido alguno."
Alfonso Armada.
OBIANG INCUMPLE LO PACTADO.
Más de diez días tardaron los guineanos en permitir que un diplomático español visitara al sargento Venancio Mico. Obiang se reía, de las autoridades españolas, sin darse cuenta de que esa actitud hacía que aumentaran las ganas del Gobierno de Madrid de deshacerse de aquella patata caliente que se llamaba Guinea. Otros pensaban que Obiang prefería terminar así su relación con España y forzar una integración más rápida con los países de la zona, bajo la influencia de Francia, que entre la clase dirigente guineana aparecía entonces como la gran solución. Algunos creían que nada más ingresar Guinea en la UDEAC la situación se iba a parecer a la que se vivía en Camerún o Gabón.
Isidoro Eyí había tomado el caso bajo su responsabilidad y se negaba a permitir que los funcionarios españoles vieran a Mico, pero las guineanos aseguraban que no había sido llevado a la cárcel de Blabich, sino que se encontraba en el cuartel de los marroquíes en el centro de Malabo. El siniestro director general de Seguridad estaba ocupadísimo interrogando a los implicados en la conjura y preparando los procesos. Eyí se mantenía en una posición muy fuerte, no se sabe por qué extraña influencia, que sin duda emanaba de los ancianos de Mongomo, pues nunca ha demostrado ser especialmente inteligente.
Norberto Ferrer, que seguía de encargado de negocios, advertía que el 12 de junio debía celebrarse una reunión de la comisión interministerial para la Cooperación de España en Guinea Ecuatorial y que nuestro país "lamentaría mucho que la normalidad de su desarrollo se viera alterada por el incumplimiento de las condiciones pactadas entre el ministro español y el presidente ecuatoguineano". También estaba previsto que unas semanas después se celebrara una reunión de la Comisión Mixta. Con estos retrasos y dilaciones los guineanos trataban de poner nerviosos a los españoles.
En España se criticaba al Gobierno por el desenlace del caso Mico y al presidente Obiang por no cumplir las condiciones pactadas. El diario Cinco Días comentaba que "el papel de la diplomacia española -o de España como país- está de alguna manera vinculado a la suerte inmediata del sargento Mico". El periódico de información económica afirmaba que se había producido "el máximo declive" en las relaciones entre Guinea y España.
La revista Tiempo aseguraba, posiblemente haciéndose eco de sueños de opositores ilusos, que se estaba preparando una operación para derrocar a Obiang por medio de un grupo de mercenarios, contratados con ayuda de Libia, en una extraña alianza entre exiliados guineanos, el régimen del coronel Gadafi, guerrilleros polisarios y mercenarios españoles. Estas informaciones, a diferencia de cualquier declaración de la oposición en el exterior, ponían muy nervioso al Gobierno guineano. La población también estaba intranquila y algunos optaban por retirarse a sus aldeas, especialmente entre los fang del interior de Río Muni.
Los guineanos no valoraban la importancia y complejidad de las relaciones entre España y Francia, siempre más trascendentes y duraderas que una posible disputa por la hegemonía de aquellos territorios africanos. Francia no podía enemistarse con España por tratar de desplazar a los cooperantes de Guinea, en una zona sobre la que ejerce un gran control histórico. En ese momento, a Francia lo único que le interesaba era que no hubiera un foco de inestabilidad en el golfo de Guinea. En Malabo habían surgido comentarios sobre una posible anulación de la esperada escala del presidente Mitterrand, prevista desde muchas semanas antes para el 23 de junio, y, por supuesto, la visita de Felipe González era impensable en aquellas circunstancias. El principal perjudicado por un enfrentamiento entre España y Guinea era sin duda, el país africano.
Entre los cooperantes españoles reinaba al desaliento y la falta de estímulos, aunque la mayoría prefería no protestar para conservar sus sustanciosas salarios el máximo tiempo posible. Algunos conservaban el ánimo, como Germán de Granda, director del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, que hacía las veces de agregado cultural en la Embajada, de gran ayuda para Ferrer durante todo el caso Mico. Pero otros decían abiertamente que lo único que podía hacer España era abandonar aquella empresa de la forma más digna posible. Bastantes proyectos habían quedado paralizados.
El ministro Morán tuvo que enviar un telegrama a Obiang el 6 de junio, pidiendo que permitiera a los diplomáticos españoles visitar a Mico. José Luis Gutiérrez comentaba en Diario-16 que Moran las estaba "pasando negras con la cuestión guineana".
Obiang se dio cuenta de que él podía resultar el más perjudicado en aquel temporal y ratificó su sentimiento pro hispano en un acto público. "España posee una deuda histórica con Guinea Ecuatorial, por lo que, aunque en el momento se detectan ciertas situaciones políticas, no existe la posibilidad de que las pueblos español y ecuatoguineano se divorcien", declaró en el acto de clausura de un curso para oficiales, celebrado en Malabo. Obiang afirmó que "las Fuerzas Armadas deben defender las derechos democráticos, no perturbar el orden política y no ambicionar los altos cargos". Evidentemente, estaba claro que él no predicaba con el ejemplo.
Norberto Ferrer, se entrevistó con el ministro de Exteriores guineano, Marcelino Nguema, quien le aseguró que pronto podría visitar a Mico un funcionario español. Los diplomáticos españoles destinadas en Malabo se empleaban a fondo, pero no lograban nada positivo excepto buenas palabras y la seguridad verbal de que Mico seguía en buen estado. Se comentaba que en el seno del Gobierno guineano había fuertes discrepancias entre los partidarias de que se cumpliera lo pactado, para tratar de normalizar las relaciones con España, y quienes pensaban que era preferible humillar a los españoles.
La Comisión Interministerial para la cooperación con Guinea se reunió en Madrid y lanzó un mensaje a las autoridades de Guinea. España podría suprimir la concesión de ayudas, en forma drástica, si los guineanos no cumplían sus compromisos en relación con el caso del sargento Micó.
Cada día que pasaba aumentaba la inquietud del Gobierno español. Desde luego, si le ocurría algo a Mico, y no digamos si moría, la imagen de España iba a quedar muy deteriorada. Moran habría hecho el ridículo. El Gobierno seguía lanzando veladas amenazas a las autoridades de Malabo. Se dijo también que se estaba pensando aplazar la reunión de la Comisión Mixta, prevista para los días 16 y 17 de junio, lo que supondría la congelación indefinida de la ayuda, pues en ese encuentro debía analizarse el reparto de varias cantidades presupuestadas para diversos proyectos. "No es lógico que nos reunamos a negociar ayudas económicas como si nada hubiera pasado", dijo un funcionario de Exteriores a la Agencia Europa Press.
El viernes 10 de junio viajó a Malabo el nuevo embajador de España en Guinea, Antonio Barcia Abad, en forma un tanto apresurada para intentar desbloquear la situación.
Finalmente el día 11 las autoridades guineanas dieron permiso a Norberto Ferrer y al cónsul de España, José María Bosch, para que visitaran a Mico. Habían transcurrido dos semanas desde que los españoles lo entregaron. El detenido, según una nota que distribuyó la OID en Madrid, se encontraba en "perfectas condiciones físicas y psicológicas", protegido siempre por la guardia marroquí. La visita de los diplomáticos españoles al sargento guineano redujo la tensión entre los dos países.
De todas formas, quedaban puntos oscuros en aquella historia y, además, no estaban nada claras las intenciones del Gobierno español con respecto a Guinea. De nuevo se intentaban mantener en secreto los asuntos relacionados con Guinea.
Moran se vio obligado a informar sobre la situación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, aunque lo hizo en una sesión a puerta cerrada "para evitar que lo que se diga tenga repercusiones negativas en Guinea". Según algunas filtraciones a medios informativos, el ministro reconoció en aquella comparecencia que se había preparado una operación militar para evacuar a los españoles residentes en Guinea, si hubiera sido necesario. De todas formas, los problemas de Guinea, aunque no dejaban de ser graves, quedaban relegados por temas como las dificultades surgidas en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea -que se celebraba en Madrid-, el anuncio del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, las negociaciones pesqueras con Marruecos, el ingreso en la CEE, el terrorismo y las relaciones con Francia.
En una sesión posterior, Moran explicó los proyectos generales del Gobierno sobre Guinea y aseguró que se iba a poner empeño para garantizar la buena utilización de los 1.600 millones de pesetas presupuestados en 1983 para ayudar a la antigua colonia. Las explicaciones de Moran debieron ser convincentes pues Guillermo Kirkpatrick, portavoz del Grupo Popular, dijo al finalizar la sesión, "hemos logrado conocer muchos datos que nos permiten pensar que se puede llevar a cabo una política constructiva de cooperación".
La segunda reunión de la Comisión Mixta Hispano-Ecuatoguineana sufrió un retraso, pero fue a petición del Gobierno guineano, que alegó no haber tenido tiempo para preparar el encuentro. Un día antes de viajar a España, las autoridades de Malabo anunciaron que en lugar de comenzar la reunión el día 16 de junio, se iniciaría el lunes 20.
El objetivo de aquel encuentro era mejorar las deterioradas relaciones. Los guineanos pedían más dinero, más cooperantes, más médicos y religiosos, más armas y más instructores, pero España exigía un mayor control de los proyectos, que la cooperación se hiciera con seriedad y que los 1.615 millones de pesetas fueran bien empleados. Madrid deseaba fijar condiciones antes de entregar nuevos fondos y asignarlos sólo a planes muy concretos, especialmente para sanidad, educación, obras publicas, vivienda y transportes.
La parte española estaba presidida por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Gonzalo Puente Ojea, y la guineana por el ministro de Planificación, Guillermo Nguema, que estaba acompañado por el ministro de Educación, Felipe Ondó, el secretario general de Asuntos Exteriores, Apolinar Moiche, el secretario de estado para la Seguridad Nacional, Isidoro Eyí, el jefe del Estado Mayor, comandante Melanio Nvé, el director general de Exteriores para América y Europa, Pedro Nsué, y otros funcionarios de menor rango, hasta un total de 18 miembros. Como puede versa por la presencia de Ondó, Eyí, Melanio y Nsué, se trataba de hombres fieles a Obiang, del círculo de Mongomo, y caracterizados por pertenecer a la línea más antiespañola.
La situación estaba lejos de ser buena, tras la tensión vivida durante el caso Mico, todavía entonces pendiente de juicio, y por el aplazamiento de la reunión, anunciado a última hora por los guineanos, que desbarató todos los planes trazados por los funcionarios españoles para la celebración de la Comisión Mixta. Moran apenas si pudo ver a los miembros de la delegación guineana, por tener otros compromisos en las nuevas fechas.
Se organizó el trabajo por comisiones, de asuntos económicos y financieros, defensa y seguridad, asuntos sociales y culturales y asuntos técnicos. Según se pensaba en un principio, los mayores problemas iban a surgir en la comisión de asuntos financieros, donde se tenía discutir la renegociación de la deuda guineana y la continuación de los créditos FAD. Además, en este grupo dominaban los funcionarios de Economía y Hacienda, cada vez más reacios a seguir manteniendo la cooperación con Guinea, con posiciones tremendamente duras. Unas semanas antes, este Ministerio había presentado un informe desaconsejando que prosiguiera la cooperación como se había planteado hasta entonces. Fuentes diplomáticas afirmaban, al comienzo de las reuniones, que en la comisión de defensa y seguridad apenas habría debate "ya que sólo debían tratar sobre la continuación de los proyectos de instrucción a los militares guineanos". En aquel momento había 20 becarios guineanos cursando estudios en centros militares en España y 45 suboficiales en Guinea con instructores españoles.
Las cosas se fueron complicando a medida que avanzaba la semana. El jueves, día previsto para firmar las actas, los guineanos plantearon que deseaban que se redujera la presencia militar y policial española en Guinea. Querían que España dejara únicamente a tres militares, con el rango de agregados en la Embajada, y salieran el resto de la docena de oficiales y los 40 policías nacionales, cosa que sabían España no podía consentir sin replantear a fondo la cooperación. Cuando se estaba leyendo la parte de los acuerdos dedicada a este aspecto, los guineanos abandonaron la reunión, que se celebraba en el Palacio de Santa Cruz, ante el estupor de los funcionarios españoles. Según explicaba El País, la voz cantante de la delegación guineana la llevaba Isidoro Eyí, conocido por su antiespañolismo visceral, y Pedro Nsué, quien pocos meses antes había tenido un altercado en el aeropuerto de Barajas.
Cuando los funcionarios y militares españoles preguntaron a los guineanos cuales eran los planes de su Gobierno sobre seguridad y defensa, Eyí replicó que no diría nada, pues consideraban que aquellos temas eran "materia reservada". También dijo que, a su juicio, ya se habían cumplido los objetivos fijados en los acuerdos de defensa y seguridad firmados entre España y Guinea en 1980 -aunque en realidad estaba previsto que duraran diez años- razón por la cual debían salir inmediatamente del país los militares y policías españoles. En diversos momentos los guineanos expresaban su descontento abandonando las reuniones, dejando a los españoles con la palabra en la boca. Estos debían salir y convencerles de que regresaran a la sala.
Eyí insistió también en la necesidad de que abandonaran Guinea los dos Aviocar españoles, que ellos consideraban material militar, pues la misión que desempeñaban podían realizarla los dos YAK y el Antonov vendidos por la URSS a Macías, pilotados por soviéticos, aunque la realidad es que su servicio era muy deficiente y los aparatos se encontraban en penosas condiciones. España no podía prescindir de los Aviocar, único medio ordenado y seguro de viajar de Bioco a Río Muni, donde los cooperantes se encontraban más aislados, debido a que los vuelos internacionales llegaban sólo a Malabo. Puente Ojea dijo a los guineanos que si salían los Aviocar de Guinea se suprimiría la cooperación.
Los guineanos plantearon también una reestructuración de GEMSA, molestos porque ADARO se había negado a facilitarles numerosos datos de la riqueza minera del país, debido a las reticencias de Malabo a conceder zonas para la explotación, y que la deuda externa con España, entonces de unos 45 millones de dolaras (6.300 millones de pesetas) fuera renegociada de forma bilateral, mientras los españoles deseaban que se hiciera en el marco del Club de París. Algunas de estas reivindicaciones estaban claramente inspiradas por los asesores franceses situados en el Ministerio de la Presidencia guineano.
Los miembros de la delegación guineana repetían que España había incumplido sus compromisos adquiridos un año antes, en la Conferencia de Países Donantes, cosa que era cierta, y que los fondos de la cooperación española en Guinea habían estado siempre en manos de España, por lo que no les podía acusar a ellos de haberlos empleado mal.
La reunión se clausuró a última hora del viernes 24, unos minutos antes de regresar los guineanos a Malabo en el vuelo de Iberia que sale hacia la medianoche del viernes al sábado. Según el diario ABC, el último día los guineanos realizaron continuas llamadas a Malabo, para que Obiang diese su asentimiento sobre los acuerdos, especialmente en las cuestiones relacionadas con seguridad y defensa, la renegociación de la deuda y otros compromisos financieros. En realidad, en aquella reunión apenas se lograron acuerdos puntuales sobre obras públicas, sanidad, educación y agricultura.
El director de la OCGE, Ricardo Peidró, al informar a la prensa sobre el desarrollo de la Comisión Mixta, confirmó que los guineanos habían exigido la salida de los 54 militares y policías españoles destacados en Guinea y de los dos Aviocar que prestaban su apoyo a la cooperación. Según se interpretaba en Madrid, los sectores más duros del Gobierno guineano habían impuesto su criterio en estos asuntos, tras un agrio debate durante la preparación de la reunión, razón que motivó la solicitud del aplazamiento del inicio de la Comisión Mixta.
Unos días después, Moran volvió a comparecer ante la Comisión de Exteriores del Senado. El ministro reconoció que créditos españoles a Guinea Ecuatorial por importe de casi cien millones de pesetas habían sido indebidamente desviados en favor de dirigentes del país africano, según informaba Miguel Ángel Aguilar, corresponsal diplomático de El País. Moran precisó que de los 15.000 millones destinados a Guinea desde agosto de 1979, alrededor de 1.800 millones fueron asignados como créditos. De esta cantidad, dijo que unos cien millones cayeron en manos de determinados guineanos, pero no quiso dar sus nombres "para no crear problemas, dada la precaria situación actual entre ambos países". Lo que tampoco reveló el ministro fue el nombre del funcionario español que había entregado aquellas cantidades, o permitido que se desviasen fondos públicos destinados a obras de la cooperación a las manos de algunos guineanos.
PENA DE MUERTE PARA MICÓ.
Cuando se supo en España que el fiscal había pedido la pena de muerte para el sargento Venancio Mico se puso en marcha una apresurada operación para evitar que fuera ejecutado, en la que inclusa participó el rey Juan Carlos. La reunión de la Comisión Mixta había sido un fracaso y circulaban informes elaborados por determinadas instituciones de la Administración española que recomendaban abiertamente reducir la cooperación, mientras Madrid parecía iniciar una coordinación con París.
El 2 de julio llegó a España la noticia de que el fiscal había pedido la pena de muerte para los alféreces Carmelo Owono Ndongo y Gregorio Micha Elá y para el sargento Venancio Mico. Durante el consejo de guerra, según informó desde Malabo Ángel Asensio, delegado de EFE, se escucharon extrañas historias de brujerías y hechizos, coma la de una joven de Mongomo que había preparado un mejunje de hierbas para arrojárselo a Obiang y causarle la muerte.
La vista del proceso fue, una vez más, un morboso espectáculo seguido por varios cientos de personas desde el patio de butacas del cine Marfil. La sala estaba abarrotada de guineanos y apenas un periodista blanco, algún diplomático español y otros chinos ocupaban las primeras filas del deteriorado patio de butacas, con asientos de madera o de cintas de persiana entrelazadas. El proceso, instruido con muy poco rigor judicial, se había convertido en un asunto prácticamente interno de Mongomo, de donde procedían jueces y acusados. Asensio informaba de que algunos procesados, como el soldado Ricardo Ecuga, o el teniente Domingo Nfá, aseguraban que la población estaba descontenta por la escasez de alimentos, hecho que achacaban a la confianza que el presidente Obiang había depositado en los españoles. "En tiempos de Macías esta confianza era para los chinos, que proveían de comida abundante y barata".
Nfá aseguró que Mico le había comentado que se preparaba un complot para derrocar al Gobierno. Más tarde, el mismo Mico reconoció que habían pensado en designar como presidente a Carmelo Owono o a Florencio Mayé. El juez instructor precisaba en sus conclusiones que Owono fue el encargado de pedir ayuda a la Embajada soviética en Malabo, pero que le fue denegada.
Los tres supuestos cabecillas fueron condenados a muerte el lunes, cuatro de julio, y al día siguiente fueron ejecutados los alféreces Owono y Michá. No se sabía qué había ocurrido con Mico, Felipe González declaró en Madrid, "confiamos en que los guineanos cumplan los compromisos adquiridos".
Marcelino Nguema, el ministro guineano de Exteriores, llegó a España el día 6 con un mensaje de Obiang para Felipe González y otro, en un sobre lacrado, para el Rey de España. El País informó que Moran no permitió a su colega que hiciera declaraciones a la prensa a su llegada a Madrid. Europa Press difundió que el rey Juan Carlos había telefoneado al presidente Obiang para recordarle su compromiso de respetar la vida del sargento rebelde. Los diplomáticos españoles destacados en Nueva York se movilizaron también para que el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, enviara una carta solicitando a Obiang la medida de gracia.
El ministro guineano de Exteriores regresó a Malabo sin hacer declaraciones. Sólo dijo que el caso Micó era un asunto interno, que no debía afectar a las relaciones bilaterales hispano-guineanas, y que confiaba en que la cooperación de España iba a seguir como hasta la fecha, "para ayudar a Guinea a recuperarse de la desastrosa situación por la que atraviesa". Obiang solicitó entonces, por medio del ministro de Exteriores, una entrevista personal con Felipe González, en Madrid o en Malabo, para tratar de dar una salida definitiva a la crisis.
A pesar de que el Gobierno español pidió oficialmente al guineano que le fuera conmutada la pena de muerte a Micó, esta medida se fue demorando y no se concretó hasta el viaje que finalmente realizó Obiang a Madrid en los últimos días de julio. El nuevo embajador de España, Antonio García Abad, que antes de tomar posesión se encontró con aquel conflicto, transmitió a Obiang las respuestas del Rey y del Presidente del Gobierno español a sus misivas. Las autoridades españolas solicitaban la aplicación de medidas de gracia para Micó y que se le expulsara del país. Obiang comprendió que la vida del sargento se había convertido en una condición imprescindible para el mantenimiento de la cooperación española, aunque pensó que también podía sacar algo de provecho de aquella situación.
En medios diplomáticos españoles se temía que en cualquier momento se anunciara que Micó había sido ajusticiado, cosa que habría dejado en muy difícil posición a Moran, al haberse responsabilizado de la entrega del sargento refugiado en la Embajada de España. Muchos cooperantes pensaban que no volverían a Guinea tras las vacaciones de verano.
El caso Mico sirvió para que reforzaran su posición los sectores de la Administración española partidarios de suprimir la ayuda al país africano, bien por razones de rentabilidad económica o al opinar que España no tenía capacidad para sacar a Guinea de la situación en que se encontraba. Iba aumentante el número de personas convencidas de que las cosas habían llegado a un punto en el que ya era imposible el entendimiento entre los dos países.
Felipe González repasaba el informe que tenía en su mesa sobre Guinea y trataba de diseñar la política socialista sobre la antigua colonia. El informe consideraba que "con el sistema de cooperación puesto en práctica por España no se ha conseguido, prácticamente, nada positivo, excepto la salida de una situación de total emergencia", ni en el terreno económico, ni en el político, ni en el de la integración social, desarrollo cultural o defensa de los derechos humanos. Según El País, aquel informe expresaba una opinión favorable a la integración de Guinea en la zona francófona, y apuntaba la posibilidad de que España coordinase con Francia la realización de obras de cooperación para crear una cierta infraestructura y la explotación de proyectos mineros o petroleros. Presentaba la situación interna guineana como "caótica" y precisaba que faltaba "una clase dirigente, una clase empresarial o administrativa y una conciencia de nación o Estado".
Una vez más se reconocía que la falta de una presencia militar española y de una convertibilidad de la moneda local eran las causas principales de la nula rentabilidad de los 15.000 millones de pesetas gastados por España en Guinea Ecuatorial en aquellos cuatro años. Según aquel informe, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y el Banco de España, con la colaboración de algún funcionario de Exteriores, de aquella cantidad, unos 6.400 millones de pesetas fueron donaciones y el resto créditos FAD, créditos comerciales y aportaciones de capital. Además, se acababa de aprobar la concesión de otras ayudas por valor de 1.400 millones de pesetas.
"Desde el punto de vista económico, la casta dirigente ha llevado al país a una situación peor a la que había en agosto de 1979", anotaba el informe, refiriéndose al incremento de la deuda externa. Señalaba que entre los problemas intrínsecos de la economía guineana destacaban "el exceso de trabas administrativas motivadas por el intervencionismo distorsionante y arbitrario del Gobierno, la existencia, de un doble mercado para la moneda local que actúa en contra de las actividades productivas, pues deben ceder las divisas obtenidas por la exportación a la paridad oficial (una peseta = dos bikuele) y en cambio deben satisfacer en sus compras de divisas la paridad del mercado negro (una peseta = diez bikuele)".
Pasaba revista a los problemas exteriores de la economía y anotaba la existencia del "despilfarro de la abundante reserva de divisas (en agosto de 1979 había 19 millones de dólares) y la importancia de la deuda externa, con gran cantidad de vencimientos a corto plazo, que se calcula en el equivalente a 150 millones de dólares, de los que la tercera parte son con España". En el análisis presentado a Felipe González se calculaba que el déficit de la balanza de pagos correspondiente a 1983 iba a ser de 19 millones de dólares.
Por todas estas razones, el informe concluía que "la única solución válida es una reducción drástica de la ayuda española y, como mucho, que la ayuda se limite al sector educativo y al sanitario".
Aquel texto daba por hecho el ingreso de Guinea en la UDEAC "a corto plazo", cosa que no criticaba, pues "tendrá garantizada la convertibilidad de su moneda, a la vez que se asegurará una disciplina monetaria, presupuestaria y comercial, como sucede en sus países limítrofes". Sin embargo, sí decía que era perjudicial que España siguiera actuando en Guinea de la misma forma, pues anotaba que suponía enfrentarse con Francia y aceptar que la peseta respaldara al ekuele. Consideraba que esta última medida iba a ser "difícil" de llevar a la práctica, "toda vez que conllevaría la necesidad de un control español de la definición y ejecución de la política cambiarla guineana, al mismo tiempo que exigiría un férreo control económico y político del país y la asunción de los costes, que en la práctica serían pérdidas netas, y que vendrían determinados por la suma del déficit de la balanza de pagos (entre 150 y 183 millones de dólares) más los costes de la cooperación".
El informe señalaba que la adhesión a la zona del franca podía ser la medida que más confianza diera a posibles inversores españoles y apuntaba que los sectores económicos más interesantes eran el maderero, la minería y la explotación petrolera. Aseguraba que la existencia de uranio, además del crudo, eran los principales motivos del interés de Francia por Guinea. También se apuntaba la posibilidad de acometer proyectos de cierta envergadura en colaboración con Francia o con otros países, como carreteras, frigoríficos para las flotas pesqueras y aeropuertos.
La historia de la cooperación española en Guinea quedaba dividida en dos etapas, una de máximo esfuerzo y realizaciones, aunque no siempre a cargo de las personas más competentes, entre agosto de 1979 y marzo de 1981 (salida de Graullera), y la siguiente hasta la primavera de 1983. El informe señalaba que durante la primera época la dirección de la cooperación estaba en Presidencia del Gobierno y luego pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se creó la Oficina de Cooperación con Guinea. El informe reservado, difundido por El País, anotaba que también falló en la segunda etapa, en forma generalizada, la designación de los responsables de la cooperación.
"Francia nos va a sustituir en Guinea", opinaba entonces el periodista Fernando Reinlein, que pasó bastantes días en Guinea durante el conflicto del sargento Mico. El ex-miembro de la UMD afirmaba en Diario-16 que "en un país como Guinea, el control real, ejercido mediante la "seguridad y asesoramiento militar", era. el único capaz de reconducir una nación que salía del terror sanguinario de Macías". Esto lo sabía Obiang, razón por la cual pidió ayuda militar a Suárez para, garantizar su seguridad, decía Reinlein antes de precisar que "la tibieza centrista de entonces y el veto de la oposición socialista -es un dato que no se debe olvidar- por el miedo a que nos tildaran de neocolonialistas, dejó el campo libre a Francia, quien a través de Marruecos, colocó la primera ficha sobre el tablero".
En su comentario, el periodista consideraba que el caso Micó fue "un triste espectáculo", pues "tras aplicar el derecho de asilo, adoptar una postura enérgica ante la amenaza -se prepararon dos dispositivos militares- se pasó a pactar una entrega vergonzosa que empieza ahora a presentar sus consecuencias negativas". Reinlein concluía afirmando que "Guinea Ecuatorial ha empezado, claramente, a ser francesa. Tal vez no le han dado alternativa".
Durante la visita del primer ministro francés. Fierre Mauroy, a Madrid, el fin de semana del 11 y 12 de junio de 1983, se trató el asunto de Guinea Ecuatorial como una de las cuestiones "básicas" que afectaban a las relaciones entre los dos países. El político galo aseguró que Francia no haría nada en Guinea sin el acuerdo de España. Posiblemente decía aquellas palabras porque ya se había llegado a un principio de acuerdo.
Como ya se ha comentado, el 23 de julio se celebró, en la localidad segoviana de La Granja, el segundo seminario entre ministros españoles y franceses. Desde entonces se ha repetido en muchas ocasiones que allí, entre otros temas de mucha más trascendencia, hubo un acuerdo entre España y Francia, al menos para actuar coordinadamente en Guinea. Posiblemente el ministro francés de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson, comentó a Fernando Moran las presiones que estaban recibiendo de los países de África Central, especialmente de Gabón y Camerún, para que Guinea ingresara en la UDEAC y Francia pagara la factura.
Muchos comentaristas políticos han manifestado que en aquel clima de buen entendimiento, donde posiblemente se estaba cimentando la colaboración francesa para luchar contra el terrorismo de ETA y limando asperezas ante la ya cercana entrada de España en la CEE, España expresó su escaso interés por seguir siendo la potencia protagonista en Guinea Ecuatorial y acordó con Francia que fuera llenando el hueco que no podía quedarse vacío en perjuicio de Occidente. Son muchas las personas que mantienen que Moran entregó Guinea a cambio del permiso francés para penetrar en los países del Magreb, de gran importancia geoestratégica y económica para España, a las que era especialmente sensible el ministro Moran como puede comprobarse leyendo su libro sobre la política exterior española o sus colaboraciones en prensa.
El mismo Moran quiso hacer "una clarificación en el tema de las siempre difíciles relaciones con Guinea Ecuatorial" y, en una carta enviada a El País en 1987, aseguró que "no ha habido nunca ningún acuerdo de trueque de influencias en Guinea, ni con Francia ni con ningún otro país". Fernando Moren anotaba que durante el periodo que dirigió el Ministerio de Exteriores intentó mantener los intereses españoles en Guinea y "fomentar una cooperación siempre complicada entre potencia administradora y un nuevo país, dificultad incrementada por los datos internos guineanos y por la reticencia de círculos y departamentos económicos españoles". El político socialista aseguraba que ni en La Granja, ni en ninguna otra reunión franco-española, "se pagó nada con la moneda de la influencia en Guinea" y anotaba que el ingreso de Guinea en la UDEAC se debió fundamentalmente a los deseos de la misma Guinea y de algunos estados vecinos, pues "ni todos los países francófonos africanos, ni la misma Francia, fueran entusiastas sin matices de dicha adhesión, sobre todo por los factores de inestabilidad económica y, por tanto, política del país solicitante".
Moran, en su argumentación, asegura que "para evitar falsas interpretaciones" previno "varias veces" a Cheysson "respecto a un exceso de celo francés en Guinea que pudiera arrojar una sombra en nuestras relaciones". Moran recuerda -afirmación muy curiosa- que por lo menos en dos ocasiones su colega francés le repitió que las autoridades monetarias de la UDEAC no tenían "ningún entusiasmo respecto a la adhesión" y que "si el Gobierna español deseaba que no se llevase a cabo, tomarían muy en cuenta su posición". Por estas palabras, parece deducirse que fue España la que animó a Francia a hacerse cargo de Guinea, Moran afirmaba también que "al no haber sido respaldada la moneda guineana por la peseta, al no haber aceptado el Gobierno de Obiang las razonables y acertadas condiciones propuestas por el Gobierno de Calvo Sotelo en 1982", no tenía convertibilidad internacional, cosa que "perjudicaba al sector exportador -en el que tenían tan importante papel empresas españolas- y favorecía el contrabando".
España prefirió, a juicio de Moran, no seguir "la conducta del legendario perro del hortelano", al no poder respaldar la moneda, y no entorpecer entonces su convertibilidad mediante el sistema regional.